La sequía ya no es un problema que solamente preocupa al productor que espera la lluvia. Está comenzando a convertirse en un problema que puede llegar a la mesa de todos los nicaragüenses.
Ciudadanos por la Libertad ha puesto este tema sobre la mesa con un análisis en el que expresa su preocupación por la falta de respuesta del régimen Ortega-Murillo ante una situación que puede tener consecuencias importantes para la producción agropecuaria, los ingresos de miles de familias y la seguridad alimentaria del país.
Y es importante que este tipo de discusión exista.
Nicaragua necesita hablar también de los problemas que afectan directamente la vida de la gente. Necesita discutir qué está pasando con el agua, con la producción, con los alimentos y con las familias que dependen de una cosecha para vivir. Y necesita, sobre todo, preguntarse qué está haciendo el poder para anticiparse a una situación que las propias organizaciones meteorológicas internacionales están advirtiendo con suficiente anticipación.
El análisis de Ciudadanos por la Libertad aporta datos importantes para comprender la dimensión del problema. Pero esos datos deben llevarnos a una conversación todavía más amplia: ¿cómo afecta la sequía a los ciudadanos y qué está haciendo el régimen para evitar que sus consecuencias sean todavía mayores?
Porque el problema no es simplemente que pueda llover menos.
El problema es qué ocurre con un país que sabe que puede llover menos y aun así no parece prepararse con la urgencia necesaria.
Cuando falta la lluvia, falta mucho más que agua
Para una familia que vive de la agricultura, una sequía significa mucho más que mirar el cielo y esperar que llueva.
Significa que una cosecha puede perderse. Significa menos ingresos para el productor, menos trabajo para quienes dependen de las labores agrícolas y mayores dificultades para conseguir alimentos. Y cuando el problema afecta a miles de productores al mismo tiempo, sus consecuencias dejan de ser individuales y comienzan a sentirse en toda la economía.
En Nicaragua, el llamado Corredor Seco concentra una parte importante de esa vulnerabilidad. Allí viven cientos de miles de personas que dependen directa o indirectamente de actividades agrícolas y ganaderas particularmente sensibles a la falta de lluvia.
El análisis presentado por Ciudadanos por la Libertad señala que en distintos sectores del Corredor Seco las lluvias han estado muy por debajo de los promedios históricos y recoge reportes de productores de Chinandega, León y Managua que han sufrido pérdidas importantes en las siembras de maíz y frijol.
Lo que está ocurriendo en el campo, por tanto, no debería verse como un problema lejano.
Cuando el productor pierde su cosecha, alguien termina pagando las consecuencias.
Puede ser el trabajador que pierde su empleo temporal, la familia que recibe menos ingresos o el consumidor que encuentra alimentos más caros en el mercado.
Ya existen señales de ese impacto. El aumento de los precios de los alimentos reduce cada vez más la capacidad de compra de las familias, particularmente de quienes viven con los ingresos más bajos. Y si la producción de granos básicos continúa enfrentando dificultades, la presión puede aumentar.
Hay algo que todos podemos entender sin necesidad de conocer términos meteorológicos: si se produce menos comida y cuesta más producirla, comer también termina costando más.
Por eso la sequía no es solamente un problema del agricultor.
Es un problema de la familia que compra los alimentos.
El problema no es que no llueva; es no estar preparados
Nadie puede ordenar que llueva.
Pero un país sí puede prepararse para una temporada en la que llueva menos.
Puede identificar con anticipación las comunidades más vulnerables. Puede proteger las fuentes de agua. Puede mejorar los sistemas de almacenamiento y distribución. Puede desarrollar infraestructura de riego. Puede apoyar a los productores con semillas adecuadas para ciclos cortos, asistencia técnica y mecanismos de protección para el ganado. Puede establecer reservas y mecanismos de emergencia para evitar que una pérdida agrícola se convierta rápidamente en una crisis alimentaria.
Y puede informar a la población.
Eso es precisamente lo que debería significar gobernar frente a una emergencia: anticiparse al problema en lugar de esperar a que el problema se convierta en una crisis.
El problema es que las señales estaban ahí.
Las autoridades conocían la posibilidad de un nuevo episodio de El Niño y las organizaciones meteorológicas internacionales han venido advirtiendo sobre su intensidad y duración. La Organización Meteorológica Mundial ha señalado una probabilidad cercana al 100 % de que las condiciones de El Niño persistan hasta febrero de 2027, mientras NOAA estima más de 90 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-2027 y un 75 % de probabilidad de que se encuentre entre los episodios más intensos registrados.
El país, por tanto, no está frente a una sorpresa.
Está frente a un riesgo que puede ser anticipado. Y precisamente por eso la pregunta es válida: ¿Qué está haciendo el régimen para prepararse para lo que viene?
No se trata de exigir que el régimen controle el clima. Se trata de exigir que haga aquello que sí está bajo su responsabilidad.
El ciudadano necesita soluciones, no explicaciones
Cuando se habla de estos problemas desde las instituciones públicas, muchas veces la conversación termina llena de porcentajes, indicadores y términos técnicos que pueden ser útiles para los especialistas, pero que no responden la pregunta fundamental del ciudadano.
La familia no necesita saber solamente cuánto cayó una determinada variable.
Necesita saber si tendrá agua.
El productor no necesita solamente escuchar que existe un determinado pronóstico climático.
Necesita saber qué apoyo tendrá si pierde su cosecha.
Y quien va al mercado no necesita una explicación sobre los modelos meteorológicos.
Necesita saber por qué los alimentos están más caros y qué se está haciendo para evitar que sigan aumentando.
Ese debería ser el centro de la discusión. Porque detrás de cada cifra hay personas. Detrás de una cosecha perdida hay una familia.
Detrás de un precio más alto hay otra familia que tendrá que decidir qué compra y qué deja de comprar.
Y detrás de una comunidad sin agua hay ciudadanos que esperan una respuesta del Estado.
El Estado puede presentar presupuestos, planes y estadísticas. Pero el ciudadano necesita poder comprobar si esos recursos se convierten en soluciones.
No basta con anunciar inversiones.
Hay que preguntar dónde están, qué problema resolvieron, cuántas personas se beneficiaron y qué falta por hacer.
El ciudadano no necesita una clase de contabilidad pública para entender la respuesta. Necesita abrir el grifo y encontrar agua.
Después de casi dos décadas, ¿todavía todo es culpa del pasado?
Durante años, el discurso del régimen sandinista ha repetido que Nicaragua fue recibida en ruinas después de los llamados “16 años de gobiernos neoliberales”. La frase se ha convertido en una explicación permanente para justificar problemas que continúan existiendo décadas después.
Pero hay un problema evidente con ese argumento: el tiempo ya no permite sostenerlo.
Desde 2007, el régimen sandinista ha tenido casi dos décadas para gobernar Nicaragua, definir sus prioridades, administrar los recursos públicos, atraer inversión, desarrollar infraestructura y transformar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Ya no estamos hablando de un gobierno que acaba de recibir el país.
Estamos hablando de un régimen que ha tenido tiempo suficiente para responder por sus propios resultados.
Y conviene recordar algo que el discurso oficial suele omitir: Nicaragua no llegó a 1990 en esas condiciones por responsabilidad de los gobiernos que posteriormente asumieron el poder. El país venía de una década de guerra, destrucción económica, endeudamiento y profunda crisis provocada durante los años del primer régimen sandinista.
Después hubo gobiernos que tuvieron que reconstruir sobre esas condiciones y enfrentar enormes obstáculos políticos y económicos. Pero esa discusión histórica no puede convertirse en una explicación eterna para los problemas del presente.
Después de casi veinte años, el régimen sandinista tiene que responder por su propia gestión.
Durante este período Nicaragua ha recibido inversión, financiamiento externo, remesas crecientes y períodos importantes de crecimiento económico. Sin embargo, el país continúa enfrentando enormes rezagos en productividad, ingresos, servicios públicos, infraestructura y oportunidades.
La comparación con Costa Rica resulta inevitable, no porque ambos países sean idénticos, sino porque pertenecen a la misma región y enfrentan muchos desafíos comunes.
Según datos del Banco Mundial, en 2025 el PIB per cápita de Nicaragua fue de aproximadamente US$3,173, mientras que Costa Rica alcanzó cerca de US$19,970.
La pregunta no es por qué Nicaragua no se convirtió en Costa Rica.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Por qué después de casi veinte años de régimen sandinista Nicaragua continúa tan lejos de los niveles de prosperidad de un país vecino?
Y mientras el régimen habla de avances y presenta constantemente nuevas obras y actividades, la deuda externa total de Nicaragua alcanzó US$16,352.6 millones en el primer trimestre de 2026.
Eso obliga a mirar más allá de los discursos.
Un país no se desarrolla simplemente porque recibe dinero o porque construye obras. Se desarrolla cuando aumenta la productividad, mejora el ingreso de sus ciudadanos, fortalece sus instituciones, garantiza servicios públicos y crea condiciones para que las familias puedan progresar.
Después de casi dos décadas, el régimen sandinista ya no puede seguir presentándose como administrador de las consecuencias de un pasado ajeno.
Ahora debe responder por su propio presente.
¿Y las prioridades?
Esta discusión también obliga a hablar de una realidad que en Nicaragua resulta cada vez más difícil ignorar: el abuso de los recursos y de las estructuras del Estado para favorecer los intereses del círculo de poder.
No estamos hablando de estar en contra de la cultura, del deporte o de los artistas nicaragüenses. Todo lo contrario. Una sociedad necesita promover su cultura y crear oportunidades para sus creadores. Si los recursos públicos destinados a un concierto, una exposición, una pasarela o cualquier actividad cultural estuvieran dirigidos a promover la cultura nacional de manera amplia, transparente y accesible, estaríamos hablando de otra cosa.
El problema aparece cuando la promoción cultural se convierte en un espacio privilegiado para los proyectos asociados a los hijos de la pareja Ortega-Murillo, mientras las instituciones públicas utilizan recursos para sostener actividades cuya relación con las prioridades más urgentes del país merece ser cuestionada.
Ahí están INCANTO y Nicaragua Diseña, vinculados respectivamente a Laureano Ortega Murillo y Camila Ortega Murillo, como ejemplos de proyectos que han recibido respaldo institucional y que han generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y sobre los privilegios que pueden existir alrededor del círculo familiar del poder.
En el caso de INCANTO, no se trata de cuestionar que Nicaragua tenga ópera, conciertos o artistas internacionales. El problema es preguntarse por qué un proyecto ligado directamente a un miembro de la familia gobernante tiene acceso a recursos y respaldo institucional del Estado, y si ese mismo respaldo está disponible para los cientos de artistas, músicos, escritores, productores y gestores culturales que no forman parte de ese círculo.
Lo mismo ocurre con Nicaragua Diseña. Promover el diseño, la moda y el emprendimiento puede ser legítimo y beneficioso para el país. Pero cuando una iniciativa asociada a la hija de la pareja gobernante se desarrolla con respaldo de instituciones públicas y recursos estatales, la pregunta sobre transparencia y privilegios deja de ser secundaria.
Y no son únicamente los grandes eventos.
Investigaciones periodísticas han documentado contratos de publicidad estatal relacionados con figuras vinculadas al oficialismo. Nicaragua Investiga documentó contratos de instituciones públicas con espacios de propaganda de periodistas oficialistas, mientras investigaciones de Despacho 505 y Expediente Público han señalado contratos de publicidad relacionados con Moisés Absalón Pastora y familiares de Adolfo Pastrán.
Estos casos merecen ser conocidos y discutidos porque el dinero utilizado por las instituciones públicas no pertenece a quienes administran el Estado.
Pertenece a los ciudadanos.
Por eso la pregunta no es si Nicaragua puede tener cultura, deporte, entretenimiento o medios de comunicación. Por supuesto que puede.
La pregunta es otra:
Cuando faltan recursos para resolver problemas básicos, ¿cuáles deberían ser las prioridades del Estado?
Porque una familia que necesita agua no puede beber propaganda.
Y un productor que perdió su cosecha no puede recuperar sus ingresos con un acto oficial.
No se trata de quitarle cultura a Nicaragua. Se trata de quitarle privilegios al poder.
El problema de mañana se empieza a resolver hoy
La sequía puede convertirse en una oportunidad para cambiar la manera en que Nicaragua enfrenta sus problemas.
No deberíamos esperar a que una cosecha se pierda para comenzar a discutir cómo ayudar al productor.
No deberíamos esperar a que una comunidad se quede sin agua para buscar soluciones.
No deberíamos esperar a que los precios suban todavía más para hablar de seguridad alimentaria.
Y no deberíamos esperar a que la crisis sea evidente para comenzar a planificar.
Eso es lo que significa gobernar con responsabilidad:
anticiparse.
El análisis presentado por Ciudadanos por la Libertad puede contribuir precisamente a que esta conversación comience. Pero la discusión no debería terminar en un comunicado.
Nicaragua necesita una conversación nacional sobre el agua, la producción, la alimentación y las prioridades del gasto público. Necesita información transparente, participación de productores y comunidades y planes que puedan ser evaluados por los ciudadanos.
También necesita dejar atrás la idea de que todos los problemas actuales pueden explicarse por lo ocurrido hace décadas.
El régimen sandinista ha tenido casi veinte años para gobernar, administrar recursos y definir prioridades. Por eso los ciudadanos tienen derecho a preguntar por los resultados.
¿Qué se ha construido? ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué falta? ¿Qué se está haciendo para prevenir lo que viene?
Y, sobre todo:
¿Qué lugar ocupan los problemas reales de la gente dentro de las prioridades del poder?
La lluvia no depende del poder. La preparación sí.
Y mientras las familias esperan agua, los productores esperan lluvia y los precios siguen golpeando los bolsillos, la pregunta continúa siendo la misma:
¿Y los problemas del país, para cuándo?