Hay una pregunta que Nicaragua tendrá que responder si realmente quiere construir una nueva República: ¿cómo podemos pedirle al ciudadano que vuelva a confiar en el Estado si no somos capaces de garantizarle que el dinero y los bienes públicos estarán protegidos de quienes los administran?
Durante años, los nicaragüenses hemos visto cómo el poder político puede convertirse en una herramienta para controlar instituciones, beneficiar intereses particulares, castigar adversarios y cerrar los espacios donde debería existir fiscalización. En ese contexto, la corrupción no puede entenderse únicamente como el funcionario que roba dinero público. También está presente en el contrato que nadie puede revisar, en la empresa cuyo verdadero propietario nadie conoce, en el patrimonio que crece inexplicablemente mientras se ejerce un cargo público, en la institución que no puede auditar al poder y en el ciudadano que no tiene cómo preguntar qué ocurrió con los recursos que le pertenecen a todos.
Por eso, cuando Nicaragua vuelva a tener instituciones democráticas, no será suficiente con cambiar a las personas que ocupan los cargos. Tenemos que cambiar las reglas. Una nueva República no puede construirse sobre la esperanza de que quienes gobiernen serán siempre honestos. Debe construirse sobre instituciones capaces de detectar, prevenir y sancionar el abuso, incluso cuando la persona que ocupa el cargo no actúe correctamente.
La corrupción se combate antes de que ocurra
Cuando hablamos de corrupción solemos pensar inmediatamente en dinero: cuánto se llevaron, cuánto costó una obra, cuánto recibió determinada empresa o cuánto dinero desapareció. Son preguntas necesarias, pero existe otra que resulta todavía más importante: ¿cómo fue posible que ocurriera?
Un sistema corrupto no aparece únicamente cuando alguien decide cometer un delito. Necesita oportunidades, falta de controles, instituciones que no investiguen, información que permanezca oculta y funcionarios que no teman consecuencias. Sobre todo, necesita que el ciudadano tenga pocas posibilidades de conocer lo que ocurre dentro del Estado.
Por eso, la lucha contra la corrupción no puede limitarse a perseguir a determinados funcionarios después de que abandonen sus cargos. La verdadera lucha contra la corrupción comienza mucho antes: haciendo más difícil que el abuso ocurra.
Nicaragua, además, no parte de cero. La Ley de Probidad de los Servidores Públicos establece obligaciones relacionadas con la declaración patrimonial, la protección del patrimonio estatal, las incompatibilidades y prohibiciones, así como mecanismos para que la Contraloría pueda verificar la información declarada. La legislación contempla que determinados funcionarios informen sobre bienes, acciones en sociedades, cuentas bancarias, inversiones, deudas, ingresos y actividades lucrativas, tanto dentro como fuera de Nicaragua. También establece la obligación de presentar declaraciones al asumir y al dejar determinados cargos.
El problema, entonces, no es solamente la existencia de una norma, sino la capacidad real de las instituciones para hacerla cumplir. Una declaración patrimonial no combate la corrupción por sí misma. El funcionario puede declarar, pero alguien tiene que verificar que lo declarado sea cierto; alguien tiene que comparar esa información con otras fuentes; alguien tiene que investigar cuando existen inconsistencias y, cuando corresponda, alguien tiene que sancionar.
La propia legislación reconoce esta diferencia al establecer que la recepción de una declaración patrimonial no significa que la Contraloría haya certificado automáticamente que su contenido sea verdadero. Existen mecanismos posteriores de verificación.
La lección es sencilla: no necesitamos solamente más declaraciones; necesitamos más verificación.
Una Contraloría capaz de controlar al poder
Una de las instituciones que más debería fortalecerse en una nueva República es la Contraloría General de la República. Su función no debería reducirse a revisar documentos cuando el dinero ya fue gastado y el daño ya está hecho. Nicaragua necesita avanzar hacia un sistema de control que permita identificar riesgos antes de que se conviertan en pérdidas para el Estado.
Eso requiere una Contraloría con independencia funcional, suficiente autonomía presupuestaria, capacidad técnica y personal profesional seleccionado por mérito. También necesita mecanismos transparentes para la designación de sus autoridades, protección frente a interferencias políticas, capacidad para realizar auditorías especiales, sistemas digitales de seguimiento y acceso oportuno a los registros públicos y financieros que la ley permita consultar. Sus principales hallazgos deberían ser conocidos por la ciudadanía y sus recomendaciones deberían tener mecanismos efectivos de seguimiento.
Hay, además, una condición indispensable: la Contraloría debe poder fiscalizar al Gobierno que está en el poder, no solamente al Gobierno anterior.
Esto parece evidente, pero constituye una de las pruebas más importantes de cualquier institución de control. Una Contraloría que solamente investiga a los adversarios del Gobierno no es una Contraloría independiente. La fiscalización debe funcionar independientemente de quién ocupe la Presidencia, controle la Asamblea Nacional o administre una alcaldía.
Pero la responsabilidad no puede quedar únicamente en los órganos de control. El ciudadano también debe poder mirar.
La transparencia no debería funcionar bajo la lógica de que el Estado informa únicamente cuando considera conveniente hacerlo. Debe partir de un principio distinto: la información pública pertenece a los ciudadanos y cualquier restricción legítima a su acceso debe estar debidamente justificada.
Un Gobierno democrático debería facilitar el acceso a información sobre presupuestos, ejecución presupuestaria, contratos, licitaciones, compras, proveedores, beneficiarios finales, salarios de altos funcionarios, viajes oficiales, transferencias, subsidios, deuda pública, empresas estatales y patrimonio de determinados funcionarios.
Y transparencia no significa simplemente colocar miles de documentos en un portal. La información debe ser accesible y comprensible. Un ciudadano debería poder entrar a una plataforma pública y responder preguntas tan sencillas como: ¿cuánto dinero gastó mi alcaldía?, ¿en qué lo gastó?, ¿quién recibió esos contratos?, ¿cuánto costaron?, ¿quién es el propietario de la empresa?, ¿qué funcionario autorizó la operación?
Cuando la información permite responder esas preguntas, la transparencia deja de ser una herramienta exclusiva de periodistas, abogados o especialistas y se convierte en una verdadera herramienta de ciudadanía.
Patrimonio, conflictos de interés y beneficiarios finales
La integridad pública también exige prestar especial atención al patrimonio y a los intereses económicos de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad. Una persona puede llegar a un cargo público siendo propietaria de acciones, inversiones o empresas. Ser propietario de esos activos no constituye por sí mismo una conducta indebida. El problema aparece cuando las decisiones tomadas desde el Estado pueden beneficiar directamente esos intereses privados.
Eso constituye un riesgo de conflicto de interés, aunque todavía no exista un delito.
Las declaraciones patrimoniales deben mantenerse y fortalecerse, junto con reglas claras de abstención cuando un funcionario tenga intereses particulares involucrados en una decisión pública. Para determinados cargos de muy alta responsabilidad también podría estudiarse la conveniencia de mecanismos de administración independiente del patrimonio, como el fideicomiso ciego o figuras equivalentes.
La idea es sencilla: el funcionario podría conservar el beneficio económico de determinados activos, pero dejaría de controlar directamente las decisiones sobre su administración durante el ejercicio del cargo. Así se reduciría el riesgo de que una decisión pública sea influenciada por un beneficio privado o por información privilegiada obtenida desde el Estado.
Esto, sin embargo, no es una solución mágica. No elimina la obligación de declarar el patrimonio, prevenir conflictos de interés ni investigar posibles irregularidades. Tampoco tendría sentido aplicarlo indiscriminadamente a todos los empleados públicos. Nicaragua debería estudiar cuidadosamente si un mecanismo de esta naturaleza resulta conveniente para determinados cargos de alto riesgo y bajo qué condiciones.
La misma lógica debe aplicarse a las empresas que contratan con el Estado. Una compañía puede aparecer formalmente registrada a nombre de una persona sin que necesariamente esa persona sea quien realmente se beneficia de ella. Por eso resulta fundamental identificar al beneficiario final de las empresas que reciben contratos públicos, conforme a las reglas legales de protección de datos y acceso a la información.
Conocer quién está realmente detrás de una empresa puede ayudar a identificar compañías vinculadas con funcionarios, sociedades relacionadas entre sí, contratistas recurrentes, posibles testaferros y situaciones de conflicto de interés. La transparencia empresarial, por tanto, no es un asunto separado de la transparencia gubernamental: el dinero público sigue al contrato, pero para saber dónde termina realmente debemos saber quién está detrás del contratista.
La responsabilidad no termina cuando termina el cargo
El control de la integridad pública tampoco debería terminar cuando un funcionario entrega su oficina. Algunas situaciones de riesgo pueden aparecer precisamente después de abandonar el Estado. Un funcionario podría, por ejemplo, favorecer durante su gestión a una determinada empresa y posteriormente incorporarse a ella, o utilizar información obtenida en el ejercicio de su cargo para beneficio privado.
Por eso, una nueva República debería establecer reglas razonables sobre la llamada “puerta giratoria”. No se trata de impedir que una persona vuelva al sector privado, sino de establecer períodos y restricciones cuando exista un riesgo evidente de que las relaciones, decisiones o información obtenidas desde el Estado se conviertan inmediatamente en beneficio privado.
Al mismo tiempo, la transparencia debe encontrar un equilibrio con el derecho a la privacidad. No toda la información financiera de un funcionario ni de las personas relacionadas con él debe hacerse pública sin límites. El principio debería ser claro: máxima transparencia sobre los intereses que puedan afectar el ejercicio del poder y máxima protección de la información privada que no sea relevante para ese propósito.
La nueva República también tendrá que mirar hacia adelante. Habrá que revisar contratos, concesiones, patrimonios, empresas públicas, bienes del Estado, transferencias, obras y decisiones administrativas del pasado. Pero la Contraloría no puede convertirse únicamente en una institución para investigar lo que ya ocurrió. Debe desarrollar capacidades para impedir que vuelva a ocurrir.
Las nuevas tecnologías pueden contribuir enormemente a esa tarea mediante auditorías basadas en riesgos, cruces de información y sistemas capaces de detectar patrones que merezcan una revisión especial: empresas nuevas que reciben contratos inmediatamente, contratos fragmentados para evitar controles, proveedores relacionados, precios fuera de rangos razonables o incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados.
La corrupción del siglo XXI requiere también instituciones de control del siglo XXI.
Una República donde lo público vuelva a ser de todos
Nicaragua no necesita solamente funcionarios honestos. Necesita instituciones que hagan difícil abusar del poder, fácil detectar el abuso e inevitable sancionarlo cuando se compruebe.
La nueva Constitución debería reconocer la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización como elementos esenciales del funcionamiento de la República. Debería establecer principios claros: el patrimonio público pertenece a la Nación; la gestión pública está sometida a fiscalización; los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública; quienes ejercen cargos públicos están sujetos al control de sus intereses y patrimonio; y los órganos de fiscalización deben contar con independencia suficiente para cumplir su función.
Pero, más allá de las leyes y las instituciones, existe una cuestión de fondo que debe cambiar: lo público no pertenece al funcionario. No pertenece al ministro, al alcalde, al diputado, al partido ni al Gobierno. Pertenece a los ciudadanos.
Una transición política puede cambiar autoridades. Una elección puede cambiar un Gobierno. Una Constitución puede cambiar las reglas. Pero ninguna de esas cosas será suficiente si no cambia nuestra relación con lo público.
La nueva Nicaragua debería poder decirle al ciudadano: usted puede saber, usted puede preguntar, usted puede revisar, usted puede denunciar y, si alguien se aprovecha del Estado, existen instituciones independientes capaces de actuar.
Ese es el verdadero significado de la transparencia. No es publicar documentos ni llenar formularios. Es construir un Estado donde el poder sepa que está siendo observado y donde el ciudadano tenga las herramientas para observarlo.
Durante demasiado tiempo se les ha pedido a los nicaragüenses que confíen en quienes gobiernan. La nueva República debería pedir algo diferente. No: “confíe en nosotros porque somos honestos”. Sino: “usted no tiene que confiar ciegamente; aquí están las reglas, los datos y las instituciones para que pueda comprobarlo.”
Una democracia madura no se construye sobre la confianza ciega en sus gobernantes, sino sobre la confianza en sus instituciones.
Esa será una de las grandes tareas de la Nicaragua democrática: hacer que el ciudadano vuelva a sentir que el Estado es suyo, que los recursos públicos están protegidos y que nadie, por poderoso que sea, está por encima de las reglas.
Porque si la nueva Nicaragua quiere ser realmente nueva, no basta con que cambien los nombres de quienes gobiernan. Tiene que cambiar la manera en que el poder administra lo que pertenece a todos.