Los ciudadanos no debemos volver a pagar los platos rotos del poder
Hay palabras que forman parte de la memoria política de Nicaragua. Una de ellas es “la piñata”. Para muchos nicaragüenses, ese término resume uno de los episodios más controversiales de nuestra historia reciente: la transferencia de propiedades que ocurrió durante los últimos meses del gobierno sandinista, después de perder las elecciones del 25 de febrero de 1990 y antes de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro el 27 de abril de ese mismo año.
Pero la historia de la propiedad en Nicaragua no terminó allí. Décadas después, miles de ciudadanos siguen cargando con las consecuencias de las decisiones tomadas desde el poder. Nuevas confiscaciones y expropiaciones han vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que el país no puede seguir evadiendo: ¿cómo reparar las injusticias cometidas por un gobierno sin hacer que los ciudadanos vuelvan a pagar por los abusos de quienes ejercieron el poder?
Esa pregunta es especialmente importante porque Nicaragua ya tiene experiencia en lo que ocurre cuando una decisión política termina convirtiéndose en una deuda que sobrevive al gobierno que la produjo.
La piñata no fue gratis
Después de perder las elecciones de 1990, al gobierno sandinista todavía le quedaban dos meses antes de entregar el poder. Durante ese período se aprobaron las Leyes 85 y 86, del 29 de marzo, y posteriormente la Ley 88, del 2 de abril, que establecieron mecanismos para transferir y titular viviendas, lotes y tierras que estaban en manos del Estado. Parte de los beneficiarios estuvo vinculada a la dirigencia y a estructuras del Frente Sandinista.
La discusión sobre aquellas decisiones no pertenece solamente al pasado. Su importancia está también en lo que ocurrió después. Las confiscaciones y expropiaciones de la década de los ochenta dieron lugar a reclamaciones e indemnizaciones que el Estado de Nicaragua terminó reconociendo como obligaciones de deuda pública. Los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), emitidos a partir de 1993, fueron precisamente instrumentos mediante los cuales el Estado reconoció esas obligaciones derivadas de confiscaciones y expropiaciones.
Es decir, las decisiones tomadas desde el poder no desaparecieron cuando cambió el gobierno. Una parte de sus consecuencias pasó a los libros de las finanzas públicas y se convirtió en una obligación que el Estado tuvo que administrar y pagar durante muchos años. Los BPI llegaron a representar una parte muy importante de la deuda interna del país, y todavía forman parte de las obligaciones financieras que el Estado administra.
Esta es quizás una de las lecciones más importantes de aquella experiencia: un gobierno puede tomar una decisión hoy, pero sus consecuencias pueden terminar siendo pagadas por ciudadanos que ni siquiera participaron en ella y por generaciones que todavía no habían nacido cuando ocurrió.
Por eso, cuando hablamos de propiedad no estamos hablando solamente de títulos, terrenos, casas o empresas. Estamos hablando también de responsabilidad. Si un gobierno utiliza el poder para quitarle a una persona lo que legítimamente le pertenece, no puede pretender que el problema desaparezca simplemente porque cambió el gobierno. Y tampoco debería ser aceptable que la solución consista automáticamente en trasladar toda la factura a la sociedad.
No otra piñata
Hoy Nicaragua enfrenta nuevamente un problema de confiscaciones y expropiaciones. Propiedades han sido ocupadas o transferidas por decisiones del poder político, y muchas de las personas afectadas se encuentran fuera del país o han perdido la posibilidad de defender sus derechos dentro de las instituciones nacionales.
Una futura Nicaragua democrática tendrá que enfrentar esta realidad. No hacerlo significaría dejar una nueva generación de conflictos sobre la mesa y permitir que las injusticias de hoy se conviertan en los problemas de mañana.
Pero resolverlo no puede significar simplemente repetir la historia al revés. Si el objetivo es construir un Estado de derecho, no basta con quitarle una propiedad a quien hoy la posee para entregársela automáticamente a quien fue despojado. Cada caso necesita ser revisado, porque detrás de cada propiedad existe una historia distinta: cómo fue confiscada, quién tomó la decisión, bajo qué procedimiento, quién se benefició, qué ocurrió posteriormente con el bien y cuál es su situación actual.
La reparación debe buscar justicia, pero también debe evitar que una nueva decisión política produzca otra cadena de injusticias. El propósito no debería ser sustituir una arbitrariedad por otra, sino establecer un procedimiento institucional que permita conocer la verdad de cada caso y determinar la solución que corresponda.
¿Qué hacemos entonces?
Una alternativa sería crear un mecanismo especial, independiente y con capacidad técnica para revisar las confiscaciones y expropiaciones ocurridas durante los años recientes. Este mecanismo podría estar vinculado institucionalmente a la Procuraduría, pero debería contar con suficientes garantías de independencia, transparencia y control público para que sus decisiones no dependan de intereses políticos del momento.
Nicaragua ya tuvo un antecedente de este tipo. Después del cambio de gobierno de 1990 se creó la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, encargada de revisar adquisiciones de propiedades realizadas durante el gobierno anterior. La experiencia demuestra que un proceso de revisión institucional no es algo completamente ajeno a nuestra historia; la diferencia es que una nueva comisión tendría que aprender de las limitaciones y problemas de aquel proceso y contar con reglas claras desde el comienzo.
Su trabajo debería comenzar por reconstruir cada caso. Habría que determinar cómo se produjo la confiscación, qué autoridad tomó la decisión, cuál fue el fundamento utilizado, quién recibió el beneficio y qué ocurrió posteriormente con la propiedad. También tendría que establecerse si quienes participaron en la apropiación o se beneficiaron directamente de ella conservan bienes o recursos que puedan responder por las consecuencias de sus actos.
La idea es sencilla, aunque llevarla a la práctica no lo sea: primero hay que buscar a los responsables y determinar qué responsabilidad les corresponde; después debe entrar el Estado como garante de una reparación justa cuando sea necesario.
Esto cambia de manera importante la lógica con la que tradicionalmente se han enfrentado estos conflictos. El Estado no debería convertirse automáticamente en el único responsable de pagar las consecuencias de decisiones tomadas por funcionarios, dirigentes o particulares que se beneficiaron de ellas. Si existen responsables identificables y bienes que legalmente puedan responder por el daño causado, debe existir un mecanismo para perseguir esa responsabilidad.
Solo cuando la restitución no sea posible, cuando los bienes no puedan recuperarse o cuando los recursos obtenidos de los responsables resulten insuficientes, correspondería al Estado asumir la parte que legalmente le corresponda para garantizar una reparación. De esa manera, la sociedad no sería la primera ni la única que cargue con las consecuencias.
Cada caso debe tener una solución justa
Tampoco todos los bienes que actualmente están en manos del Estado deberían recibir automáticamente el mismo tratamiento. Habrá propiedades cuya devolución sea posible y otras que, con el paso del tiempo, hayan adquirido una función pública o social legítima.
Si una propiedad permanece en manos del Estado y no cumple una función pública o social que justifique conservarla, podría evaluarse su restitución. Si, en cambio, se trata de un hospital, una escuela, una institución pública o de un inmueble que cumple una función social indispensable, la solución tendría que considerar esa realidad y buscar una forma de reparación compatible con ella.
Lo importante es que ninguna de estas decisiones sea tomada de manera generalizada o arbitraria. La justicia no consiste en aplicar una fórmula idéntica a miles de casos diferentes, sino en establecer reglas claras y aplicarlas de manera imparcial. Cada expediente debe tener una respuesta basada en los hechos, en la documentación disponible y en los derechos que correspondan a las personas involucradas.
También habrá casos más complejos, especialmente aquellos en los que una propiedad haya pasado posteriormente por varias manos. Precisamente por eso se necesita un proceso serio de revisión y no una nueva decisión política tomada desde arriba. La seguridad jurídica del futuro depende de que el país sea capaz de resolver estos conflictos con instituciones, procedimientos y criterios públicos, no mediante la voluntad del gobernante de turno.
Que el ciudadano no vuelva a pagar los platos rotos
Hay una diferencia fundamental entre reconocer una responsabilidad del Estado y hacer que los ciudadanos carguen, sin más, con las consecuencias de quienes utilizaron el poder para apropiarse de bienes ajenos. Una democracia debe ser capaz de reparar las injusticias cometidas por el Estado, pero también debe ser capaz de exigir responsabilidad a quienes abusaron de él.
La experiencia de los BPI demuestra por qué esto importa. Cuando una obligación se convierte en deuda pública, deja de ser solamente un problema entre el antiguo propietario y quien tomó su propiedad. Se convierte en un asunto de las finanzas nacionales. El Estado debe administrarla, pagarla y destinar recursos a ella, recursos que forman parte de las mismas finanzas públicas que deben atender educación, salud, infraestructura, seguridad y otras necesidades de los ciudadanos.
Por eso, una futura política de reparación debe tener un principio muy claro: los ciudadanos no deben volver a pagar los platos rotos del poder. Si alguien utilizó el poder para apropiarse de lo que no le correspondía, la primera pregunta debe ser qué responsabilidad tiene esa persona y qué puede responder con su propio patrimonio. El Estado debe asumir su responsabilidad cuando corresponda, pero no convertirse en un mecanismo para socializar automáticamente el costo de cada abuso cometido por quienes gobernaron.
Una nueva República también significa aprender de esto
Construir una Nueva República no significa borrar nuestra historia ni fingir que los conflictos nunca ocurrieron. Significa aprender de ellos para establecer reglas que impidan que vuelvan a repetirse. Y esas reglas no pueden depender únicamente de quienes ocupen el poder; deben construirse con la participación de los ciudadanos, porque son ellos quienes finalmente viven las consecuencias de las decisiones políticas.
Muchos nicaragüenses están cansados de la política. Algunos han llegado a pensar que nada puede cambiar y que lo mejor es mantenerse al margen. Pero precisamente esa indiferencia es la que deja las decisiones importantes en manos de unos pocos. Una democracia necesita ciudadanos que opinen, cuestionen, propongan y participen. La construcción de un nuevo país no puede ser un proyecto impuesto desde arriba, sino un proceso en el que la sociedad tenga la oportunidad de discutir qué país quiere y qué reglas está dispuesta a defender.
No tenemos que conformarnos con nuestro pasado. Nicaragua puede construir instituciones que protejan la propiedad, limiten el poder, garanticen el debido proceso y obliguen a quienes abusan de sus cargos a responder por sus actos. Pero para que esas instituciones sean realmente fuertes, los ciudadanos también tienen que asumir su parte: informarse, participar y exigir que las decisiones públicas se tomen con transparencia y responsabilidad.
Nunca más una piñata
La verdadera lección de la piñata no debería ser únicamente recordar quién recibió qué propiedad. La lección más profunda es entender lo que ocurre cuando el poder deja de tener límites y cuando las decisiones de quienes gobiernan terminan afectando durante décadas a quienes no participaron en ellas.
Nicaragua necesita cerrar los ciclos de confiscación, expropiación y abuso de poder con justicia, no con una nueva distribución política de propiedades. Necesita revisar cada caso, determinar responsabilidades, recuperar lo que legalmente pueda recuperarse y garantizar una reparación cuando corresponda. Y necesita hacerlo mediante instituciones capaces de actuar con independencia, transparencia y respeto a los derechos de todos.
Pero sobre todo, Nicaragua necesita asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Que ningún gobierno vuelva a considerar que las propiedades de los ciudadanos pueden convertirse en botín político. Que ninguna mayoría pueda utilizar el Estado para despojar a una minoría. Que ningún grupo pueda apropiarse del patrimonio nacional pensando que, cuando cambie el gobierno, será otro quien pague la cuenta.
Porque al final, el Estado no es una entidad separada de los ciudadanos. Sus recursos provienen de la sociedad y sus deudas terminan siendo obligaciones de la sociedad. Por eso, cuando quienes ejercen el poder rompen los platos, no podemos permitir que sean nuevamente los ciudadanos quienes tengan que pagarlos.
Nunca más una piñata. Nunca más que el abuso del poder se convierta en una factura para nuestros hijos.