Durante demasiado tiempo, en Nicaragua hemos discutido la política desde una pregunta que, aunque inevitable, resulta insuficiente: ¿quién debe gobernar? La experiencia de las últimas décadas demuestra que cambiar a quienes ocupan el poder no necesariamente significa transformar las condiciones que permiten su concentración. Un país puede cambiar de presidente, celebrar elecciones y modificar algunas leyes, pero conservar instituciones débiles, controles ineficaces y mecanismos que, con el paso del tiempo, permitan que el poder vuelva a concentrarse en pocas manos.
La pregunta que debemos hacernos ahora es más profunda: ¿qué reglas deben existir para que ningún gobierno vuelva a tener la capacidad de concentrar tanto poder? Si Nicaragua aspira a dejar atrás el autoritarismo y construir una democracia duradera, el desafío no consiste únicamente en sustituir a quienes hoy ejercen el poder, sino en reconstruir el Estado de Derecho sobre bases que hagan mucho más difícil volver a destruirlo.
Por eso, hablar de una nueva Constitución no debería entenderse como un ejercicio académico reservado para abogados, juristas o políticos. Es, en realidad, una conversación sobre asuntos que afectan directamente la vida de cualquier ciudadano: quién puede tomar decisiones sobre nuestras vidas, qué límites tendrá ese poder, quién puede controlarlo y qué podemos hacer los ciudadanos cuando ese poder se exceda.
El problema no es solamente quién gobierna, sino cómo se organiza el poder
La concentración del poder en Nicaragua no puede explicarse únicamente por la voluntad de una persona o de una familia. El autoritarismo se vuelve duradero cuando encuentra instituciones incapaces de ponerle límites y cuando las distintas estructuras del Estado terminan funcionando de manera subordinada a quienes ejercen el poder político.
Un Ejecutivo con capacidad de influir sobre el Poder Judicial; un sistema electoral sin independencia suficiente; un Legislativo que deja de funcionar como contrapeso; instituciones de control debilitadas; fuerzas de seguridad subordinadas a intereses políticos; medios de comunicación perseguidos; organizaciones civiles clausuradas y ciudadanos que pierden progresivamente sus espacios de participación son piezas de un mismo problema. Cuando todas esas piezas terminan conectadas, la democracia puede conservar algunos de sus nombres mientras pierde progresivamente su contenido.
Podemos seguir teniendo tribunales, pero sin verdadera independencia; elecciones, pero sin competencia real; una Asamblea, pero sin capacidad efectiva de controlar al Ejecutivo; una Contraloría, pero sin capacidad real para fiscalizar; y leyes, pero sin instituciones capaces de hacerlas cumplir. Ese es uno de los aprendizajes más importantes que debería dejar la experiencia nicaragüense: no basta con escribir buenos principios en una Constitución; hay que diseñar instituciones capaces de hacerlos realidad.
Por eso, una nueva Constitución debería ser entendida, ante todo, como un sistema de límites al poder. El gobernante debe saber qué puede hacer, qué no puede hacer y qué consecuencias institucionales existen si intenta cruzar esos límites. El Parlamento debe contar con herramientas reales para fiscalizar; los jueces deben poder resolver contra el Gobierno cuando corresponda; los organismos electorales deben poder organizar elecciones que el poder de turno no pueda manipular; los municipios deben contar con competencias y recursos propios; y los ciudadanos deben disponer de mecanismos efectivos para defender sus derechos incluso frente al propio Estado.
Esto puede parecer obvio, pero la experiencia reciente demuestra que lo obvio también necesita estar protegido. Una democracia no puede depender exclusivamente de la voluntad de quienes ocupan temporalmente las instituciones. Necesita reglas capaces de funcionar incluso cuando quienes ejercen el poder decidan utilizarlas en su propio beneficio.
Las reglas que deben impedir que el poder vuelva a concentrarse
Hablar de democracia, libertad y derechos humanos es indispensable, pero no suficiente. Una nueva Constitución debería preguntarse también cómo se protege cada uno de esos principios cuando quien gobierna decide incumplirlos. La verdadera fortaleza constitucional no está solamente en reconocer derechos, sino en crear las condiciones institucionales para que esos derechos puedan defenderse frente al poder.
Límites claros al poder presidencial
La Presidencia de la República concentra naturalmente una enorme cantidad de poder y, precisamente por eso, necesita límites claros. Estos no deberían referirse únicamente a la reelección, sino también al ejercicio de facultades extraordinarias, el uso de decretos, los nombramientos, el presupuesto, las fuerzas de seguridad, las empresas públicas y las relaciones con organismos autónomos.
Una Constitución moderna debería establecer que ninguna situación de emergencia puede convertirse en una puerta para suspender indefinidamente el Estado de Derecho. El Estado puede necesitar facultades extraordinarias ante una crisis, pero esas facultades deben tener una duración determinada, un propósito definido, mecanismos de supervisión y límites claramente establecidos. La excepcionalidad debe servir para enfrentar una emergencia, no para convertirla en una forma permanente de gobierno.
La alternancia debe estar protegida por el sistema
La alternancia suele reducirse a una frase: “el presidente no debe reelegirse indefinidamente”. Es un principio importante, pero resulta insuficiente si no se acompaña de otras garantías. Un sistema puede impedir formalmente una reelección y, aun así, permitir que el poder permanezca concentrado alrededor de una persona, una familia o una estructura partidaria.
Por eso, una nueva Constitución debería proteger la alternancia mediante un conjunto de reglas que incluyan elecciones periódicas, competencia política efectiva, igualdad de condiciones entre candidatos, independencia electoral, transparencia del financiamiento político, libertad de organización, libertad de expresión y límites al uso de recursos públicos con fines partidarios.
La alternancia no consiste únicamente en que un presidente abandone el cargo. Significa que ningún gobernante pueda convertir al Estado en una maquinaria diseñada para garantizar su permanencia.
El Estado debe pertenecer a todos los ciudadanos
Uno de los principios más importantes de una nueva República debería ser que el Estado no es del Gobierno ni del partido que ganó las elecciones. Los funcionarios pasan; las instituciones permanecen. Por eso, habría que fortalecer constitucionalmente la neutralidad política de la Policía, el Ejército, el Poder Judicial, los órganos electorales, la Contraloría, las instituciones regulatorias, las empresas públicas, los gobiernos municipales y los medios públicos.
Trabajar para el Estado tampoco debería significar pertenecer políticamente al Gobierno. Una nueva Constitución debería proteger al funcionario público que cumple sus responsabilidades profesionales y, al mismo tiempo, establecer consecuencias para quien utilice su cargo o los recursos públicos para favorecer intereses partidarios.
La despartidización del Estado no debería significar una purga ideológica. Debe significar algo mucho más sencillo: para trabajar para Nicaragua no debería ser necesario trabajar para un partido.
Municipios con autonomía real
Durante mucho tiempo hemos hablado de los municipios como si fueran simples oficinas administrativas del Gobierno central. No deberían serlo. Un ciudadano debería poder resolver buena parte de sus asuntos públicos cerca de su comunidad y mediante autoridades que pueda elegir, fiscalizar y controlar directamente.
Una nueva Constitución debería proteger de manera efectiva la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios, sus competencias y la elección libre de sus autoridades. También debería establecer una regla particularmente importante: el Gobierno central no puede utilizar los recursos nacionales como mecanismo de premio o castigo político a los municipios.
La descentralización no consiste simplemente en trasladar oficinas de Managua a los departamentos. Consiste en trasladar capacidad de decisión al ciudadano y a su comunidad, acercando el ejercicio del poder público a quienes deben beneficiarse de él y también tener la posibilidad de fiscalizarlo.
Propiedad, Información y Protección frente al abuso
La protección del derecho de propiedad merece especial atención después de décadas de confiscaciones, expropiaciones, inseguridad jurídica y decisiones arbitrarias. La propiedad privada no es únicamente un asunto económico: es la casa de una familia, una finca campesina, un pequeño negocio, una empresa o el patrimonio construido durante décadas.
Una nueva Constitución debería establecer garantías claras frente a cualquier privación arbitraria de propiedad y exigir que toda expropiación legítima esté sometida a una causa de utilidad pública claramente definida, un procedimiento legal, una autoridad competente, derecho de defensa, valoración independiente e indemnización justa cuando corresponda. También debería establecer mecanismos particularmente fuertes contra la utilización del aparato estatal para despojar a una persona por razones políticas. La seguridad jurídica de la propiedad debe proteger tanto al pequeño propietario como al gran inversionista.
La transparencia constituye otra barrera fundamental frente al abuso. El ciudadano debería poder saber en qué se gastó el dinero público, quién recibió un contrato, quién es el propietario real de una empresa contratada, cuánto costó una obra, quién autorizó una operación y qué patrimonio tenía un funcionario cuando asumió y con cuánto patrimonio salió.
El acceso a la información pública no debería depender de que un Gobierno tenga voluntad de responder. Debería contar con protección constitucional efectiva, acompañada de instituciones capaces de garantizarla. Una República transparente no necesita ciudadanos que confíen ciegamente en sus gobernantes; necesita ciudadanos que puedan comprobar lo que hacen sus gobernantes.
Esa misma lógica debe aplicarse a quienes descubren y denuncian abusos. Un funcionario que descubre corrupción debería poder denunciarla sin quedar automáticamente expuesto al despido, la persecución, las amenazas, las represalias administrativas o procesos utilizados como castigo. Lo mismo debería ocurrir con ciudadanos, periodistas e investigadores que documenten irregularidades.
Una democracia saludable necesita personas dispuestas a decir: “Aquí hay algo que está mal”. Pero nadie debería tener que arriesgarlo todo para hacerlo.
Una ciudadanía que no tenga que pedir permiso para ejercer sus derechos
La democracia no debería funcionar bajo la lógica de “vote cada cinco años y después confíe en nosotros”. La participación ciudadana no sustituye a las instituciones representativas, pero puede fortalecerlas cuando permite que la sociedad conozca, supervise y cuestione las decisiones públicas.
Una nueva Constitución podría contemplar mecanismos de participación y control ciudadano compatibles con una democracia representativa, entre ellos el acceso a información pública, las iniciativas ciudadanas, las audiencias públicas, determinados mecanismos de consulta, la participación en procesos regulatorios y herramientas para exigir rendición de cuentas. También debería garantizar un espacio legítimo para las organizaciones de la sociedad civil, cuyo papel no consiste en sustituir al Estado, sino en contribuir a que la sociedad pueda organizarse, expresarse y fiscalizar el ejercicio del poder.
La ciudadanía no sustituye a las instituciones; las fortalece cuando puede vigilarlas.
Pero existe una protección todavía más fundamental: la Constitución debe proteger incluso a quienes piensan diferente de quienes gobiernan. Una prueba sencilla para evaluar cualquier norma constitucional consiste en preguntarnos no solamente si estamos de acuerdo con lo que permitiría hacer al Gobierno que apoyamos, sino si seguiríamos defendiendo esas mismas reglas si mañana gobernara alguien con quien estamos completamente en desacuerdo.
Si la respuesta es sí, estamos comenzando a hablar de instituciones.
Una Constitución democrática debe proteger al ciudadano que votó por el Gobierno y al que votó en contra; al empresario y al trabajador; al campesino y al profesional; al creyente y al no creyente; al ciudadano que vive en Managua y al que vive en una comunidad rural. También debe proteger al partido que está en el Gobierno y al partido que está en la oposición.
Porque los derechos que solamente funcionan para nuestros amigos no son derechos; son privilegios.
Una Constituyente con principios antes que una hoja en blanco
Una Asamblea Constituyente elegida democráticamente debe tener libertad para debatir y construir una nueva Constitución. Pero eso no significa que la sociedad deba llegar al proceso sin haber discutido previamente qué principios considera irrenunciables. Precisamente porque una Constituyente representa un momento excepcional de reconstrucción institucional, resulta importante que los ciudadanos participen desde antes en la discusión sobre el país que quieren construir.
Nicaragua podría beneficiarse de un Pacto de Principios para la Nueva República. No sería una Constitución paralela ni un programa de gobierno, sino un conjunto de compromisos fundamentales que expresen qué tipo de República queremos construir y cuáles son las reglas que no estamos dispuestos a volver a sacrificar.
Entre esos principios podrían estar la democracia y la soberanía popular; la alternancia en el poder; la separación e independencia de poderes; la independencia de la justicia; la neutralidad política de las instituciones del Estado; la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil; la autonomía municipal; la seguridad jurídica y protección de la propiedad; la transparencia y rendición de cuentas; la libertad de expresión, asociación y organización política; la protección efectiva de los derechos humanos; y la prohibición de la concentración indefinida del poder.
Hay, además, una idea que merece ser discutida: que quienes aspiren a representar a los ciudadanos en una Asamblea Constituyente hagan público su compromiso con estos principios. No para impedir el debate, sino precisamente para fortalecerlo. El ciudadano tiene derecho a saber qué compromisos está asumiendo quien le pide su voto y qué límites está dispuesto a respetar en el ejercicio de la representación que se le confíe.
La Constituyente debe tener libertad para debatir el contenido de la nueva Constitución, pero la sociedad también tiene derecho a decir de antemano: hay cosas que no queremos volver a permitir.
No se trata de regresar al pasado, sino de aprender de él
Existe una tentación comprensible cuando un país atraviesa una crisis tan profunda: pensar que la solución consiste simplemente en regresar al momento anterior al problema. Pero Nicaragua no debería conformarse con eso. El objetivo no debería ser reconstruir exactamente el país que existía antes de la actual etapa autoritaria, sino aprender de lo que ocurrió y construir instituciones capaces de evitar que vuelva a ocurrir.
Nicaragua ha conocido gobiernos de diferentes signos, revoluciones, guerras, pactos, reformas constitucionales, elecciones y períodos de concentración del poder. La experiencia acumulada debería llevarnos a reconocer que una mayoría electoral no debe convertirse en poder absoluto; que una Constitución no puede depender de la interpretación del gobernante; que las instituciones de control necesitan independencia; que los municipios necesitan autonomía; que la justicia no puede ser instrumento del poder; que la Policía y el Ejército no pueden convertirse en instrumentos partidarios; que el patrimonio público necesita vigilancia; que la propiedad necesita seguridad; y que los ciudadanos necesitan herramientas para controlar al Estado.
Una nueva Constitución, sin embargo, no garantiza por sí sola una nueva Nicaragua. Puede ser excelente y terminar siendo papel mojado si las instituciones no tienen capacidad para aplicarla. Por eso, la construcción constitucional debería ir acompañada de una reconstrucción institucional profunda. La pregunta no debería ser únicamente qué dice la nueva Constitución, sino también quién hará cumplir lo que dice.
Ahí estarán algunos de los grandes desafíos de la Nicaragua que viene: una justicia independiente, una Contraloría eficaz, instituciones electorales confiables, municipios autónomos, fuerzas de seguridad profesionales y mecanismos de transparencia capaces de impedir que el poder vuelva a capturar al Estado. La Constitución debe ser el marco; las instituciones serán quienes lo hagan funcionar; y los ciudadanos serán quienes deberán vigilar que funcione.
Una transición política puede abrir una oportunidad que un país no tiene muchas veces en su historia. No solamente para cambiar autoridades, sino también para preguntarnos qué aprendimos. La verdadera oportunidad consiste en aprovechar ese momento para establecer reglas que no dependan de la personalidad, las intenciones o la ideología de quienes eventualmente ocupen el poder.
No podemos depender eternamente de que el próximo gobernante sea mejor que el anterior. Necesitamos un sistema que limite incluso al gobernante bien intencionado y que pueda contener al gobernante que quiera abusar de su poder.
Esa es, en última instancia, la razón para discutir una nueva Constitución: no para producir un documento solemne, cambiar palabras o satisfacer a un sector político, sino para establecer una relación diferente entre el poder y el ciudadano.
La pregunta que debería estar en el centro de cualquier conversación sobre el futuro de Nicaragua es, por tanto, sencilla pero fundamental:
¿Cómo construimos una República en la que ningún ciudadano tenga que volver a depender de la buena voluntad de quien ocupa el poder para disfrutar de sus derechos?
Una nueva Constitución no resolverá por sí sola todos los problemas de Nicaragua. Pero puede establecer algo fundamental: los límites que ningún gobierno debería volver a cruzar.
Y quizás ese sea uno de los mejores puntos de partida para una nueva República.
Porque el verdadero cambio no consiste solamente en cambiar quién tiene el poder. Consiste en cambiar la relación entre el poder y el ciudadano.